Por: Gerardo Ruiz R..   2 julio
El presidente Carlos Alvarado (documento en mano) maniobra para evitarle un tropezón al plan fiscal en el Congreso En la foto lo acompañan los ministros Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y Juan Carlos Mendoza. Foto: Cortesía Casa Presidencial.
El presidente Carlos Alvarado (documento en mano) maniobra para evitarle un tropezón al plan fiscal en el Congreso En la foto lo acompañan los ministros Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y Juan Carlos Mendoza. Foto: Cortesía Casa Presidencial.

Tres semanas después de asumir la Presidencia de la República, Carlos Alvarado sentó a sus ministros en Zapote y les giró la siguiente instrucción: todos deberán coordinar sus presupuestos para el 2019 con él; con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza; y con la jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar.

Ningún gasto se plasmará en el próximo Presupuesto Nacional sin que antes pase por el tamiz de Casa Presidencial.

¿La intención detrás de la orden presidencial? Impedir que alguna institución solicite un aumento en el gasto que irrite a los diputados y dé al traste con el trámite de la reforma fiscal que se discute en el Congreso y con la cual el Poder Ejecutivo pretende evitarle una crisis económica al país.

La instrucción del gobernante quedó patente durante la sesión del Consejo de Gobierno del 22 de mayo pasado. Era apenas la tercera reunión del gabinete de la actual administración.

Desde ese momento, Alvarado y Piza les dejaron claro a los restantes miembros de la administración la voluntad de Zapote de tocar con guantes de seda el presupuesto.

Alvarado les recalcó a los jerarcas que el Poder Ejecutivo debe verse como "un solo bloque" en el manejo del dinero público y en el combate al déficit fiscal.

Por ello, les exigió "mucha comunicación, prudencia y austeridad" a la hora de plantear los gastos para el Presupuesto Nacional del 2019, que Hacienda deberá presentar al Congreso el próximo 1.° de setiembre.

El mandatario les pidió a los ministros que los planes de gasto de cada una de sus instituciones "vayan en una misma línea".

Y Piza les subrayó que, detrás de este llamado a la cautela presupuestaria, está la necesidad de no perjudicar el proceso de discusión y votación del proyecto de reforma tributaria que llevan adelante los diputados en el Parlamento.

"Estamos en un contexto en el que es importante aprobar el tema fiscal antes de caer en una crisis, pero se requiere que todas las instituciones, dependencias adscritas y demás estén alineadas, conscientes de que cualquier solicitud de aumento de gasto tiene un impacto negativo", se lee en el acta de esa sesión del Consejo de Gobierno, de la cual este diario tiene una copia.

Y el titular de la Presidencia agregó: "Hay que ser cuidadosos con todos los temas, ya que cualquiera, en una dirección contraria, puede afectar grandemente los objetivos" e hizo un llamado "vehemente" a ser austeros.

Gobierno se adelantó al PLN

El llamado de la Presidencia incluso se anticipó en 15 días al anuncio que hizo la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), el 5 de junio, cuando dijo que su respaldo al plan fiscal dependerá de cómo plantee el Poder Ejecutivo el Presupuesto del 2019.

Según una publicación de este diario, Carlos Ricardo Benavides, jefe de bancada de los liberacionistas, manifestó que el plan de gastos es relevante para definir si su partido le dará o no los votos a la reforma fiscal.

"Hay dos cosas relevantes para definir el futuro del plan fiscal. Uno es, por supuesto, el Presupuesto, porque ahí se van a reflejar los compromisos del Gobierno, pero también cuáles son los programas a los que se les va a dar énfasis y la forma en que van a distribuir el contenido presupuestario", adelantó.

Con esta advertencia, Benavides dejó ver que el PLN no quedó del todo satisfecho con el anuncio que hiciera la ministra de Hacienda en el plenario, el pasado 30 de mayo, de que el Presupuesto del 2019 será nominalmente igual al plan de gastos que actualmente está en ejecución, es decir, que no crecerá para contener el gasto.

Los liberacionistas consideraron que el paquete de acciones que echó a andar el Poder Ejecutivo para recortar el gasto es insuficiente en relación con el tamaño del déficit.

Durante el Consejo de Gobierno del pasado 22 de mayo, Rocío Aguilar también tomó la palabra para instar a sus colegas ministros a buscar áreas de ahorro e "involucrarnos de lleno en la austeridad en el gasto, iniciando con uno mismo y hacia nuestras instituciones".

Por su parte, el presidente Carlos Alvarado cerró el capítulo pidiendo a su gabinete que revise los presupuestos que ejecutaron las instituciones en el 2017, con el objetivo de contrastar sus gastos para el 2018.

Recientemente, Mario Redondo, exdiputado y presidente del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), se basó en la Memoria Anual del 2017 la Contraloría General de la República (CGR) para denunciar que en ese año varias instituciones, algunas de ellas adscritas al Poder Ejecutivo, tuvieron subejecuciones presupuestarias millonarias.

Por ejemplo, citó que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), no gastó ¢110.000 millones de su presupuesto para darle soluciones de vivienda a la clase media; que el Consejo Nacional de Vialidad, uno de los seis consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), devolvió a la Caja Única del Estado ¢52.000 millones que no ejecutó en la atención de la red vial nacional.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) tampoco pudo ejecutar ¢38.000 millones en el 2017. Ese mismo año, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) no utilizó ¢6.000 millones; el Patronato de Construcciones, otros ¢5.000 millones; y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¢71.000 millones.

Cifras inquietantes

Las preocupaciones de Zapote sobre el trámite de la reforma fiscal tienen asidero en la mala situación de las finanzas del Gobierno Central, con un déficit fiscal de un 6,2% del productor interno bruto (PIB), es decir, un faltante de unos ¢2 billones.

Adicionalmente, la deuda del Gobierno central equivalía a un 47,9% del PIB en abril del 2018, con perspectiva al alza.

Por otra parte, la ministra Rocío Aguilar dijo en su comparecencia ante el plenario del Congreso, a finales de mayo pasado, que la deuda soberana aumentó 100 puntos base al pasar de 6,24% en diciembre del 2015 a 7,23% en marzo del 2018.

Solo este año, Hacienda deberá hacerle frente a vencimientos de deuda por el orden de los ¢2 billones, adelantó también Aguilar.

Al respecto, la jerarca señaló que la aprobación del plan fiscal es importante, más allá del alivio que significaría para el Gobierno en materia de recaudación, porque también permitiría recuperar la credibilidad y confianza de los mercados internacionales en el país.

"Esta reforma nos permitirá volver a acceder a esos mercados (para colocar bonos de deuda estatal) con condiciones más favorables que las del mercado local y sin presionar por recursos en el mercado doméstico. Por supuesto, lo contrario será la antesala de la crisis", advirtió a los legisladores.

El plan fiscal tiene como pilares las reformas a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, para transformar este último en el impuesto al valor agregado (IVA).