Por: Gerardo Ruiz R..   26 junio

El Consejo de Gobierno tomó este martes la decisión de ampliar por un año más la intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

Ahora el final de la intervención será el 28 de junio del 2019 y no dentro de tres días, como quedó establecido desde el Gobierno pasado.

Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, indicó que la decisión se tomó para que culminen las investigaciones que efectúa, sobre el gobierno corporativo del Infocoop, una auditoría forense encargada a una empresa privada.

Fue la propia junta interventora la que solicitó a la Presidencia la ampliación del plazo de la intervención.

Piza recapituló que producto de la intervención y la auditoría forense hay varios asuntos en el Ministerio Público relacionados con mal manejo del gobierno coporativo, mal manejo de la cartera crediticia, potenciales conflictos de interés en la aprobación de los créditos, problemas en la gestión administrativa y debilidades en el control de los fondos públicos, según señaló el informe de auditoría.

"Los procesos están avanzados, pero requieren de una continuidad coherente con los fundamentos éticos y técnicos que han justificado la intervención", comentó Piza.

La decisión de la Presidencia choca con las peticiones del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), cuyo plenario recientemente aprobó una moción para solicitarle a Zapote que devolviera el control de la Junta Directiva del Infocoop al sector cooperativo.

Geovanny Villalobos, presidente del Conacoop, dijo que en el máximo órgano dirigencial del cooperativismo hay sorpresa por la decisión del Consejo de Gobierno pues creen que bajo ninguna circunstancia se justifica la ampliación de la intervención.

El dirigente dijo que los cuatro representantes nuevos que el Conacoop nombró para intregar la Junta Directiva del Infocoop están exentos de todo cuestionamiento y que deben asumir funciones lo antes posible para que el cooperativismo retome sus planes de administración del Infocoop, un ente encargado, primordialmente, de otorgar financiamiento blando a las cooperativas.

"La auditoría forense no señaló un solo hecho en el que estuvieran involucradas las personas que estaban en la Junta Directiva en el momento de la intervención. Ni uno, entonces, aquí lo que hay es un actuar evidentemente de fuerza, de facto, por el cual el Gobierno pretende mantenerse en una institución sacando a los legítimos representantes nombrados por el sector cooperativo para poner gente nombrada a gusto y placer de ellos (Consejo de Gobierno)", afirmó.

(Video) Casa Presidencial amplía un año más intervención del Infocoop

La toma de control del Infocoop se ordenó el 28 de febrero del 2017 cuando el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó un decreto para intervenir la entidad por dudas sobre su administración.

En primer término la intervención fue ordenada por un plazo de seis meses. Sin embargo, en junio del año pasado, Solís amplió el periodo por un año más.

Rodolfo Piza agregó que la junta interventora estará compuesta por el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, quien la coordinará, y la viceministra de Trabajo, Nidia Solano.

De la junta interventora que nombró Luis Guillermo Solís a finales de febrero del año pasado se mantienen en sus cargos Patricia Rodríguez, Anayancy Morera y Mariángela Arias.

Este Gobierno, en tanto, nombró a Carlos Brenes y a Kembly Camacho. Piza dijo que ninguno de los 7 miembros de la junta interventora recibirá remuneración por su trabajo.

El caso de presuntos hechos anómalos en la administración del Infocoop lo investiga también el Ministerio Público.

En conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía realizó seis allanamientos en marzo del año pasado y, el 1.° de junio pasado, realizó 11 allanamientos más.

Geovanny Villalobos dijo que son pocas las alternativas que tiene el Conacoop para impedir que se siga extendiendo la intervención ordenada por el Poder Ejecutivo sobre el Infocoop.

Y puntualizó que una de las pocas alternativas para reclamar la decisión del gobierno de Carlos Alvarado es ampliar los hechos en el proceso contencioso administrativo que el Conacoop planteó contra el Poder Ejecutivo desde hace año y medio, cuando se dio el decreto ejecutivo de intervención.