Por: Gerardo Ruiz R..   4 julio
Emilia Navas, fiscala general de la República. Fotos de Diana Méndez.
Emilia Navas, fiscala general de la República. Fotos de Diana Méndez.

El Ministerio Público descarta investigar si existió injerencia política en la investigación penal sobre una supuesta red criminal que manejó el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

Así lo confirmó la oficina de Prensa de la Fiscalía ante una consulta de La Nación.

En un correo electrónico, ese despacho informó de que la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, no encontró, al asumir el cargo en octubre del 2017, indicios de que existieran presiones sobre el trámite de la causa del Infocoop.

La consulta surgió luego de que el dirigente cooperativista y exdiputado de Liberación Nacional (PLN), Óscar Campos, denunciara públicamente que el exdiputado Víctor Morales Zapata (primero de Acción Ciudadana y luego independiente) le dijo que él podía gestionar detenciones de dirigentes cooperativos.

Navas dijo que "no ha tenido lugar ni ha conocido acerca de una situación" como esa.

Además, la Fiscalía informó de que "de momento no se tiene previsto la apertura de una causa penal" al respecto.

Según denunció Óscar Campos, a principios del 2017, Morales Zapata le ofreció la detención de varios miembros del cooperativismo.

”Efectivamente, don Víctor Morales Zapata ofreció ordenar, en coordinación con la Fiscalía, detenciones de dirigentes cooperativistas el mismo día en que se integraba el plenario del Conacoop (Consejo Nacional de Cooperativas)", afirmó Campos.

Y profundizó: "Dijo que esas detenciones iban a ocurrir a las 10 de la mañana de ese día, pero finalmente no lo hizo, porque explicó que dos de las personas que estábamos ahí ya nos habíamos enterado. Pero don Víctor dijo que tenía la certidumbre, la fuerza y los contactos, dentro del Gobierno y de la Fiscalía, que le permitían animarse a decir cuándo y cómo detener a dirigentes cooperativistas”.

El dirigente cooperativista aseguró que Morales Zapata le dijo esas palabras al pedirle apoyo para el sector que el entonces legislador del PAC promovía en las elecciones internas del cooperativismo.

Al respecto, el exdiputado Morales Zapata desmintió a Óscar Campos: “No tengo ni idea de con qué fundamento el señor Óscar Campos hizo ese comentario, pero no tengo nada que decir sobre eso. Me parece una afirmación temeraria. Lo desconozco. Don Óscar ha dicho tantas cosas. Le agradezco mucho su consulta, pero no tengo nada que decir”.

Morales Zapata es investigado por el Ministerio Público por sus nexos con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien guarda prisión preventiva por ese otro caso.

La polémica salta a una semana de que el Poder Ejecutivo decidiera extender por un año más la intervención del Infocoop, decisión que el Conacoop descalifica.

La Fiscalía abrió la causa penal sobre el Infocoop en marzo del 2017 y es sobre presuntos actos de corrupción en la administración de la cartera de créditos del Instituto.

La investigación se inició días después de que el Gobierno pasado decidiera intervenir el Infocoop y, a la fecha, tiene por imputados a más de 17 personas vinculadas al movimiento cooperativo, entre ellas al propio Óscar Campos.

Según el Ministerio Público, una red criminal comandada por el dirigente cooperativista Freddy González, afín a Liberación Nacional, utilizó durante los últimos años al Infocoop para favorecer a determinado sector de cooperativas en perjuicio de otras.

La Físcalía sostiene que González nombró en cargos claves de la estructura del Infocoop a personas que le respondía a él, con el objetivo de usar la cartera de créditos del Instituto, que asciende a los ¢115.000 millones.

La casa de González fue allanada por el Organismo de Investigación (OIJ) en marzo del año pasado y él fue detenido para ser indagado junto con otros 5 dirigentes cooperativistas.

No obstante, un juez penal no encontró suficientes pruebas para dictarle prisión preventiva a González y al resto de imputados. De hecho, posteriormente, el juzgado levantó todas las medidas cautelares sobre el grupo de imputados.

Recientemente, en junio pasado, una jueza penal del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó la solicitud del Ministerio Público de allanar el bufete del abogado defensor de Freddy González, Alejandro Marín.

La jueza consideró que la solicitud de la Fiscalía respecto de Marín tenía intereses lejanos a los presupuestos por los que fue creada la figura del allanamiento. Según la administradora de justicia, la acción lo único que buscaba era dar “un golpe de poder” que ejemplificara “acciones populistas en diferentes medios de comunicación masiva”.