Gerardo Ruiz R., Silvia Artavia. 29 junio
Allanamiento al Infocoop en marzo del 2017. Foto: Archivo La Nación.
Allanamiento al Infocoop en marzo del 2017. Foto: Archivo La Nación.

Una jueza penal rechazó un allanamiento solicitado por el Ministerio Público, en el caso del Infocoop, por considerar que la acción lo único que buscaba era dar "un golpe de poder" que ejemplificara "acciones populistas en diferentes medios de comunicación masiva".

Así consta en una resolución de la jueza Ana Laura Darcia, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, del pasado 28 de mayo.

Ese día, Darcia acogió parcialmente las solicitudes de allanamiento que le presentó el fiscal Randy Hernández, bajo la tesis de que una "red criminal" encabezada por el dirigente cooperativista, Freddy González, sustrajo y distrajo recursos públicos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).

Precisamente, la operación que la jueza rechazó fue un allanamiento al bufete del defensor de Freddy González, el abogado Alejandro Marín Pacheco, quien tiene su oficina en Barrio Dent, San José.

Según el Ministerio Público la diligencia era necesaria para ubicar documentos sobre hechos en los que liga a Marín, como registros de las juntas liquidadoras de varias cooperativas y certificaciones de cúpulas de cooperativas para las elecciones de este sector.

También, solicitó secuestrar documentación ligada a los créditos del Fondo Nacional de Autogestión y los contratos relacionados con el uso de un inmueble del Infocoop que, en apariencia, utilizaron ilegalmente las cooperativas Uncoopac y Coopecostarica, en Puntarenas.

No obstante, la jueza Darcia consideró que el Ministerio Público se basó en sospechas infundadas para solicitar el allanamiento a esa oficina, en busca de esos documentos.

De igual manera, rechazó la solicitud con el argumento de que, en ese mismo acto, había ordenado el allanamiento de la sede de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) en la que la Fiscalía también le achaca a Marín presuntos hechos anómalos.

"El Ministerio Público refiere de forma infundada nuevamente que se van a encontrar (en el bufete de Marín) documentos que deben de estar en manos de la CPCA o de Coopecostarica, esto bajo supuestos o premisas que no encuentran sustento en algún indicio que permita vincular dicha oficina a los elementos de prueba que se pretenden recopilar", se lee en el acta.

La Fiscalía también solicitó el allanamiento del bufete de Marín con el alegato de que allí habría documentos relacionados con comisiones de créditos del Infocoop, en las que la Fiscalía vincula a Marín.

No obstante, la jueza recalcó que esos hechos se concretaron en las sedes de las cooperativas con las que el abogado tuvo relación en el pasado, por lo que no se justificaba que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) irrumpiera en su lugar de trabajo.

"(...) Se logra observar que la solicitud de dicho punto no es más que para realizar una detención mediante un golpe de poder que ejemplifique en diferentes medios de comunicación masiva acciones populistas, para lo cual no fue autorizado el allanamiento por parte del legislador, dado que el allanamiento es con el fin de recolectar indicios que no es posible obtener de otra manera", recalcó la juzgadora.

Y amplió: "Asimismo, resulta sumamente gravosa la irrupción en dicha oficina sin ningún elemento que permita tener como probable que se encuentren documentos en dicho lugar, en razón de que Alejandro Marín es defensor de uno de los encartados, lo cual podría quebrantar el derecho de defensa de Freddy González e, inclusive, poner en riesgo la investigación y los elementos de prueba que se puedan recopilar en este acto, y es que, si bien existen hechos en los que ha sido señalado como partícipe por lo informes, no existen elementos fácticos que vinculen la oficina del mismo".

La Nación solicitó una reacción del Ministerio Público. Empero, esa dependencia contestó a través de un correo electrónico que no haría referencia al caso.

Parte de la resolución de la jueza Ana Laura Darcia, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, del pasado 28 de mayo, en torno al caso de Infocoop. (Documento en poder de 'La Nación')
Parte de la resolución de la jueza Ana Laura Darcia, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, del pasado 28 de mayo, en torno al caso de Infocoop. (Documento en poder de 'La Nación')

"Respecto a su consulta, el Ministerio Público informó que, ni en este ni en ningún otro caso, brinda detalles respecto de actuaciones o diligencias que sean de carácter privado dentro del proceso, esto en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal sobre la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria", justificó la Oficina de Prensa de la Fiscalía.

'Morales Zapata ofreció ordenar detenciones'

Los hechos se revelan tres días después de que Casa Presidencial decidiera extender por un año más la intervención del Infocoop, mientras se concluye la auditoría forense que la junta interventora contrató a una empresa privada para detectar los fallos que se dieron en la administración del instituto y de su cartera crediticia, la cual maneja casi $200 millones (¢116.000 millones).

La intervención se inició el 28 de febrero del 2016 por orden del entonces presidente, Luis Guillermo Soís.

Al respecto, en declaraciones públicas, el dirigente cooperativista Óscar Campos señaló al exdiputado, Víctor Morales Zapata, como el "autor intelectual" de la intervención con fines presuntamente políticos y no técnicos, según él.

El dirigente (diputado de 1998 a 2002) manifestó que Morales Zapata incluso le hizo alarde de su influencia en el gobierno pasado y en la Fiscalía poco tiempo después de que Solís decidiera intervenir el Infocoop y de que el Ministerio Público detuviera a varios dirigentes cooperativistas, entre ellos Freddy González, por el caso del Instituto Cooperativo, en marzo del 2017.

"Efectivamente, don Víctor Morales Zapata ofreció ordenar, en coordinación con la Fiscalía, detenciones de dirigentes cooperativistas el mismo día en que se integraba el plenario del Conacoop (no especifó fechas). Dijo que esas detenciones iban a ocurrir a las 10 de la mañana de ese día, pero finalmente no lo hizo, porque explicó que dos de las personas que estábamos ahí ya nos habíamos enterado. Pero don Víctor dijo que tenía la certidumbre, la fuerza y los contactos, dentro del Gobierno y de la Fiscalía, que le permitían animarse a decir cuándo y cómo detener a dirigentes cooperativistas", relató Campos durante una entrevista con este diario.

El dirigente cooperativista aseguró que Morales Zapata le dijo esas palabras al pedirle apoyo para el sector que el entonces legislador del PAC (luego se declaró independiente) promovía en las elecciones internas del cooperativismo.

Al respecto, el exdiputado Morales Zapata desmintió a Óscar Campos: "No tengo ni idea de con qué fundamento el señor Óscar Campos hizo ese comentario, pero no tengo nada que decir sobre eso. Me parece una afirmación temeraria. Lo desconozco. Don Óscar ha dicho tantas cosas. Le agradezco mucho su consulta, pero no tengo nada que decir”.

Morales Zapata también desmintió la versión de sus adversarios, de que todavía controla el Infocoop a través de personas allegadas a él que están en la junta interventora y en la estructura gerencial del Instituto.

Víctor Morales Zapata. Fotografía José Cordero
Víctor Morales Zapata. Fotografía José Cordero

Acerca de los nuevos allanamientos que el Ministerio Público pidió practicar en junio pasado, la jueza Darcia también rechazó la solicitud del Ministerio Público de allanar las casa de habitación del exdirector ejecutivo interino del Infocoop, Rónald Fonseca y de Luis Ángel Delgado, un dirigente cooperativista de Puntarenas.

En ambos casos, la jueza manifestó que el allanamiento no tenía asidero pues las actividades por las que el Ministerio Público investiga a ambos individuos se desarrollaron en las oficinas en las que laboraban y no en sus casas.

Por el contario, el Juzgado sí aprobó la solicitud de la Fiscalía de allanar, el 1.° de junio pasado, las cooperativas Fecoopa, Coocafé, Coopeldos, Coopesarapiquí, Coopecostarica, Coopepilangosta, Cooprena, Uncoopac, Finacopro, y la CPCA, todas ligadas a los presuntos hechos de corrupción que ocurrieron en el Infocoop.

Molestia de abogado

El abogado Alejandro Marín expresó su malestar porque afirmó que el Ministerio Público no tiene pruebas de que él haya participado en hechos anómalos mientras fue asesor jurídico de varias cooperativas y del Infocoop.

Y afirmó que todo se debe a una persecución por ser el defensor del dirigente cooperativista Freddy González, quien era director ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) en marzo del 2017, cuando el Ministerio Público lo detuvo para indagarlo por el caso del Infocoop.

Por otra parte, celebró que la jueza Darcia decidiera en mayo pasado no aprobar el allanamiento de su despacho y subrayó la contundencia con la que, según él, desestimó la petición del Ministerio Público.

"Eso (lo que argumentó Darcia) es elocuente, porque la jueza entendió claramente que era una intención maliciosa y totalmente arbitraria (del Ministerio Público). Ella lo entendió, lo dijo directamente, y para que un juez se atreva a responderle así al fiscal es porque tenía clarísimas las intenciones", dijo.

El Ministerio Público sumó a Marín a la lista de imputados por presunta corrupción en el Infocoop.

A él los fiscales le atribuyen haber participado en la aprobación de un crédito de ¢600 millones para Coopecostarica como miembro de la Comisión de Crédito del Fondo Nacional de Autogestión.

Además, la Fiscalía sostiene que el jurista redactó un contrato para que un edificio propiedad del Infocoop en Puntarenas se le prestara gratuitamente a una cooperativa de la zona, a sabiendas de que dicho préstamo era ilegal. Marín rechazó todos los cargos.