Por: Silvia Artavia.   10 julio
La resolución impulsada por Costa Rica y Suiza exhorta a las naciones a respetar los derechos humanos de los manifestantes. Desde abril de este 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política que se ha visto plagada de protestas. Más de 250 personas han muerto. Foto: AFP.
La resolución impulsada por Costa Rica y Suiza exhorta a las naciones a respetar los derechos humanos de los manifestantes. Desde abril de este 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política que se ha visto plagada de protestas. Más de 250 personas han muerto. Foto: AFP.

“Nada justifica el uso indiscriminado de la fuerza letal contra multitudes”. Con esas palabras, Elayne Whyte, representante permanente de Costa Rica en la Oficina de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, defiende la posición de nuestro país frente a episodios de violencia para acallar masas.

Fue con ese mismo argumento con el cual nuestro país, junto con Suiza, promovió una resolución que les recuerda a los Estados su responsabilidad de velar por el respeto de los derechos civiles y políticos de las personas que se expresan pacíficamente en las calles. La iniciativa fue recién acogida por el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional.

La resolución, que contó con el apoyo de más de 50 naciones, se gestó en medio del conflicto político que vive Nicaragua, donde han muerto al menos 250 personas en los últimos tres meses.

Desde el 18 de abril, una reforma al sistema de pensiones desató enfrentamientos entre el gobierno y manifestantes –encabezados principalmente por estudiantes–, quienes piden la salida del poder del presidente Daniel Ortega.

“Este 2018 es especialmente relevante la probación de esta resolución en la 38.° sesión del Consejo, debido al aumento que estamos viendo alrededor del mundo de diferentes expresiones de protestas pacíficas, pero, especialmente, por la realidad que estamos viendo en nuestra región y, muy concretamente, en la región centroamericana”, enfatizó Whyte.

La resolución hace hincapié en el respeto a los derechos civiles y políticos, como la asociación pacífica y la libre expresión, los cuales están garantizados en el derecho internacional.

Según la representante tica en Ginebra, el texto pide que se eviten violaciones contra los derechos humanos, entre estas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y demás tratos o penas “crueles, inhumanos o degradantes”.

Además, la iniciativa llama a los Estados a no abusar de los procedimientos penales y civiles en contra de los ciudadanos. También solicita no amenazarlos con actos violentos.

El proyecto ya lo habían presentado nuestro país y Suiza ante la ONU en el 2014 y el 2016. Sin embargo, no es hasta ahora cuando el Consejo lo aprueba por consenso.

“Ningún país se apartó del consenso ni solicitó el voto. Entonces, el Consejo dio un mensaje muy contundente que les recuerda a los Estados que tienen la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas, e impedir que se cometan violaciones de derechos”, amplió Whyte.

El documento también insta a los países a que, en los casos en que sea inminente el uso de la fuerza durante una manifestación, esta no sea “excesiva” o “indiscriminada”. Además, exhorta a las naciones a vigilar por que se preste asistencia médica inmediata a los heridos durante las protestas.

Manifestantes por Internet

Asimismo, la resolución recuerda a las naciones el respeto por la libertad de expresión de quienes se manifiestan por Internet.

De hecho, el Consejo estudió el rol de esta herramienta digital en el contexto actual y solicitó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos un informe sobre las nuevas tecnologías y su impacto en la protección de las garantías de las personas.

“También se les recuerda a los Estados que no deben restringir el uso de Internet para la expresión de los derechos civiles y políticos, y que los Estados deben recurrir, cada vez más, al uso de armas de letalidad reducida”, explicó la representante costarricense ante la ONU.

Por último, el texto recuerda a los Estados las consecuencias de violar los derechos humanos de los ciudadanos.

“Las instituciones judiciales independientes y otros mecanismos nacionales tienen la obligación de generar las investigaciones del caso y sentar las responsabilidades”, concluyó Whyte.

El documento tomó como base el informe conjunto del Relator Especial sobre el derecho de reunión y asociación pacíficas, así como del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre el manejo apropiado de manifestaciones.

La negociación técnica de la resolución estuvo a cargo de la consejera Diana Murillo, de la Misión Permanente de Costa Rica en Ginebra.