Por: Sofía Chinchilla C..   12 junio
Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, confirmó que se analizará el proyecto aprobado y las observaciones de la Fiscalía y el Inamu. Foto de archivo: Melissa Fernández.
Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, confirmó que se analizará el proyecto aprobado y las observaciones de la Fiscalía y el Inamu. Foto de archivo: Melissa Fernández.

El gobierno informó hoy de que estudiará las críticas de la Fiscalía General de la República al proyecto de Ley de Justicia Restaurativa que aprobó la noche anterior la Asamblea Legislativa.

La iniciativa culminó su trámite en el Congreso luego de superar el segundo debate en la comisión legislativa con potestad plena primera, y ahora irá a Casa Presidencial para que el presidente Carlos Alvarado lo firme.

No obstante, antes de hacerlo, analizará las críticas de Emilia Navas, fiscala general de la República, así como de Patricia Mora, ministra de Condición de la Mujer.

Navas sostiene que dos artículos del texto aprobado ponen en riesgo la autonomía de la Fiscalía y obligan a usar presupuesto, en principio destinado a víctimas, para dar tratamiento a agresores de mujeres.

Navas, además, critica que la iniciativa posibilita que las víctimas de violencia doméstica y de género se tengan que enfrentar con sus agresores.

En entrevista con La Nación, horas antes de que se votara el proyecto, Navas dijo que si la iniciativa se aprobaba, una opción era pedirle a Alvarado que lo vetara.

Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, confirmó en conferencia de prensa que esa es una opción que se valorará.

"Sí es parte del análisis que debemos tomar en estos días, obviamente estamos tomando en cuenta las preocupaciones de la Fiscalía y el Inamu, y en el plazo establecido se tomará una decisión", dijo Piza.

El presidente tiene diez días, contados a partir de este martes, para decidir si firma y envía a publicación la nueva ley, o si, por el contrario, la veta, parcial o totalmente.

Navas informó que delegó en un grupo de fiscales la tarea de buscar los posibles vicios del proyecto, para interponer un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, en caso de que el presidente de la República la firme y se convierta en ley.

Mora, por su parte, dice que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se inclina por la opción de un veto parcial, para que se corrijan los artículos problemáticos y quede en firme el resto de la iniciativa.

El proyecto aprobado permitirá que personas que cometan delitos menores cumplan reciban medidas “restaurativas”, en vez de condenas convencionales.

Se podrán resolver por esta vía delitos sin violencia contra las personas, como conducción temeraria, descuido de animales, delitos culposos, hurtos, lesiones leves o estafas menores.

Quedan excluidos los delitos de crimen organizado y aquellos en los que media la violencia, como la violencia doméstica y las agresiones contra mujeres.

No obstante, Navas y Mora temen que una ambigüedad abra el portillo para que los jueces concedan esta alternativa, e incluso faciliten terapia a los ofensores de la ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer, por lo que pidieron a los diputados de la comisión plena primera enmendar el error antes de aprobar el plan. Los legisladores, no obstante, decidieron proceder de una vez con el segundo debate, y se comprometieron a tramitar un nuevo proyecto que corrija esa falencia.

Ejecutivo alista mociones al plan fiscal

Casa Presidencial se prepara para atender las dudas que tienen los diversos sectores sobre el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como para presentar los cambios que el gobierno quiere ver en la iniciativa.

El Partido Liberación Nacional (PLN) espera que sea el Ejecutivo el que tenga la iniciativa para mejorar el proyecto de ley, cuyo trámite se retomó el lunes, cuando se reactivó la comisión especial que lo tramita.

Al respecto, el Ejecutivo dice que así lo hará, sin adelantar qué modificaciones busca.

"El Poder Ejecutivo, en su momento, cuando empiecen a conocerse las enmiendas, hará sus comentarios y recomendaciones sobre el proyecto de las finanza públicas, en ese sentido ha venido trabajando y lo hará de manera integral en el momento legislativo correspondiente", dijo Piza.

Sobre la situación del Banco Popular, en el que están suspendidos tres directivos por el desacato a la orden que giró Alvarado para recortar el salario de los gerentes, Casa Presidencial no reportó avances.

Juan Carlos Mendoza, ministro de Comunicación, se limitó a decir que el gobierno se mantiene "vigilante" de las acciones que se tomen en esa entidad bancaria, y que se hará un análisis pormenorizado de todos los hechos antes de brindar más explicaciones.