11 julio

Para la dirigencia sindical del Estado, el diálogo es un proceso necesariamente encaminado a la aceptación de sus peticiones. Si sus exigencias no se ven colmadas, el gobierno es “dictatorial” y pone en riesgo la paz social. Por eso se levantan de la mesa y se van sin más consideraciones.

Así ocurrió el lunes. Para mantenerlos en buena disposición, sus interlocutores debían comprometerse a retirar de la corriente legislativa el Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no importa el respaldo ofrecido al trámite rápido del proyecto por una amplia mayoría de los diputados.

Para no abandonar la mesa y seguir garantizando la “paz social”, los sindicatos exigen toda la razón y nada menos

Para los “negociadores” sindicales, seguir el proceso constitucional es una expresión de ánimo dictatorial. Lo verdaderamente democrático es ceder a las exigencias del grupo de dirigentes elegidos por un puñado de personas para representar a una privilegiada minoría de ciudadanos empleados, sobre todo, en las instituciones descentralizadas.

El diálogo, si de algo sirve, es para dar la razón a la dirigencia sindical cuando exige retirar las solicitudes de declaratoria de ilegalidad de la última huelga, decretada sin razón para presionar al gobierno. Miles de personas sufrieron desatención en los hospitales, los alumnos perdieron el día de clases y la ciudadanía padeció muchos otros inconvenientes, pero si el gobierno quiere preservar la paz, debe aceptarlo todo sin chistar ni dar a los jueces la oportunidad de dictar una resolución.

Al final de la injustificada huelga, supimos que fue una advertencia de futuras presiones. Si el diálogo llega adonde los dirigentes quieren, tendremos paz y seremos atendidos en los hospitales, mientras haya recursos, porque en la Caja Costarricense de Seguro Social los sindicatos se han servido con cuchara grande e impiden la adopción de necesarios remedios para los problemas de la institución.

La dirigencia sindical se siente con derecho a paralizar servicios para advertir de su enojo, pero el gobierno está obligado a impedir una declaratoria judicial de ilegalidad del capricho so pena de comportarse “dictatorialmente” si sigue las normas establecidas por la legislación laboral.

La administración ofreció permitir la reposición del día no laborado, pero el diálogo, para los dirigentes, no puede conducir a una salida negociada. Para no abandonar la mesa y seguir garantizando la “paz social”, los sindicatos exigen toda la razón y nada menos. Ni declaratoria de ilegalidad ni reposición del día.

El gobierno no les puede escuchar mientras permanezcan tan lejos de la razón. Las autoridades saben perfectamente de la precaria situación de las finanzas públicas. Conocen las terribles consecuencias de permanecer inactivos y han manifestado voluntad de gastar el capital político necesario para evitar un derrumbe que afectará a las capas más pobres de la población y, en su momento, también a los empleados públicos.

Expertos locales y organismos financieros internacionales coinciden en la necesidad de hacer grandes ajustes. La insuficiencia de la propuesta planteada en la actualidad es ampliamente aceptada. El camino hacia el equilibrio es largo y si el gobierno cediera en este momento, no habrá esperanza.

La aprobación del plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es un primer paso, no el fin de la carrera. Así lo admite el gobierno y una oposición responsable no podrá dejar de recordárselo, pero tampoco debe dejar de manifestarle su respaldo frente a las inadmisibles presiones de la dirigencia sindical.